Dr. Ernesto Treviño Ronzón
Desde hace algunos meses, en varios estados de la República se ha iniciado el relevo en los mandos gubernamentales. Esto implica ajustes en las estructuras políticas y administrativas, incluyendo la designación de las nuevas personas que las encabezarán. Uno de los rasgos de este proceso, distintivo de México, radica en que está influenciado por grupos de interés, de entre los que destacan algunas organizaciones sindicales. Desde las campañas electorales hasta meses después de que los gobiernos entran en funciones, diferentes sindicatos buscan negociar beneficios. En esto, son emblemáticas las fotos que los aspirantes a diferentes puestos de elección popular se toman con líderes sindicales y las asistencias a eventos gremiales donde se proponen alianzas y respaldos. Todo en espera de que, cuando llegue el momento, se “participará del reparto”.Terminadas las elecciones, por los pasillos de las organizaciones y las instancias de gobierno rondan preguntas como ¿a quiénes propondrá el sindicato? ¿quién le convendrá más? Por supuesto, en este contexto no figuran preguntas del tipo: ¿quién cuenta con atributos como eficiencia, incorruptibilidad o transparencia como para asegurar un funcionamiento institucional de alto nivel?
Una de las preguntas que debemos hacernos sistemáticamente es ¿cuáles son las implicaciones de tales formas de entender y actuar en el sector educación? De hecho, las consecuencias son tantas que no caben en este espacio, pero es posible señalar que varios de los “designados” sindicales para ocupar direcciones, subdirecciones o jefaturas se instalan y circulan por la estructura pensando y actuando con gestos de: incapacidad técnica, inmovilismo, nula voluntad de cambio o falta de transparencia. Otros, influyen discrecionalmente en la contratación, promoción, rotación y evaluación del personal educativo, en la falta de aplicación de sanciones, el filtrado de información, en los usos de recursos institucionales y, en algunos casos, cuando llegan a puestos de decisión, muestran ausencia de talento para el diseño e implementación de políticas, programas o acciones de mejora efectiva.
Otra de las consecuencias se dibuja en el increíble caso de la relación entre la sección 30 del SNTE y el actual gobierno de Tamaulipas, donde resulta que a inicios de este 2011, la cúpula sindical convocó a un paro laboral porque el gobierno entrante no los incluyó en los altos puestos de la nueva administración, como se habría prometido. Si finalmente no los incluyen ¿qué acciones tomarán? En otros Estados, las listas de puestos y funcionaros solicitados por las cúpulas gremiales siguen circulando; será de interés público conocer el caso de Veracruz.
En esta temática, mi postura es similar a la de varios especialistas: las organizaciones sindicales tienen un papel fundamental en la defensa y desarrollo de los derechos laborales –sobre todo si actualizan sus marcos de actuación–; pero, en un país como el nuestro, su lugar no está en el ámbito de la decisión y la administración educativas, pues, por lo general, no están diseñadas para eso, y actúan con dinámicas nocivas para el sector, como las señaladas arriba. Sin embargo, al parecer, las cúpulas sindicales, muchos de los agremiados, los líderes partidistas y los responsables de gobierno no identifican estas formas de negociación política y diseño institucional como un problema para la educación. Estas prácticas se han normalizado, como diría Michel Foucault. Debemos preguntarnos ¿por qué y cómo hemos llegado a esto? ¿Podemos desestabilizarlas y convertirlas en inaceptables?
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